El fin primordial de nuestra asociación es el acompañamiento de todas esas personas, especialmente las mujeres, las grandes perjudicadas de la violencia de género, que ante la situación de desconcierto y confusión generada pueden verse desprotegidas.
En la Asociación de Afectadas por la Ley «Solo Sí es Sí», ofrecemos asesoramiento, información, y defensa integral de los derechos de todas y cada una de las mujeres, en todas aquellas cuestiones que puedan plantearse para obtener una información jurídica objetiva y clara, así como la defensa de sus derechos como perjudicadas de la propia norma y de la ejecución de la misma por parte de la aplicación de esta Ley por los tribunales.
Son cientos, se cuentan por centenares y en el mismo número desproporcionado los excarcelados. Con ello se incrementa diariamente y de forma espeluznante los excarcelados. Juristas, psicólogos, psiquiatras, la sociedad civil en general se han pronunciado a favor de revisar y modificar esta ley que ha nacido defectuosa.
¿Estás dispuesto a apoyar esta iniciativa?
Desde la asociación tenemos objetivos claros:
En la sociedad se busca dar protección a los colectivos vulnerables, entre ellos están las mujeres que han sufrido o pueden sufrir abusos y agresiones sexuales.
La ley Del Sólo Si Es Sí, debería haber pasado a la historia como un antes y un después para la mujer que ha sufrido este tipo de hechos o que los pueda sufrir. Ella debió nacer, protegiendo a este gran colectivo y dando solución a esta grave lacra social.
Tristemente se va a recordar como una ley con grandes intereses políticos enfrentados, con intereses partidistas e ideológicos, que ha dividido y enfrentado a las propias mujeres, y lo peor de todo, que ha beneficiado a los agresores desprotegiendo a las víctimas.
Una sobre legislación sin una ejecución adecuada y ejemplarizante de las leyes es una solución a medias.
No queremos acciones políticas ni partidistas, buscamos la verdadera protección de la mujer y de las víctimas frente a las abusos y a las agresiones sexuales donde las penas sean proporcionales a los graves riesgos y daños que se producen con este tipo de hechos. Son nuestros políticos, los que tienen la obligación de gestionar correctamente este resultado y en el plazo más breve posible.
